Luego de ocho años y un mes en el cargo, renunció el director de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura, Pierre Emile Vandoorme. Si bien la citada salida no ha sido publicada hasta el momento en El Peruano, parece un hecho, confirmado por el propio funcionario en comunicación a los gremios. Ahora bien, y como muchas gestiones prolongadas en el sector público, hubo luces y sombras en la misma, y un balance medianamente objetivo solo se podrá tener con la distancia que da el tiempo.

En el haber se encuentra haber estabilizado y organizado de forma regular y con presupuesto asegurado los Concursos de Cine, luego de la modificatoria el 2012 de la Ley de Cine 26370. Eso ha permitido la realización de diversos concursos para diferentes sectores y propuestas de cine y audiovisual en el país, ampliándose a diversos espacios y rubros del cine. Contra lo que buscaron quienes en el 2013 quisieron borrar toda mención al cine en el nombre de esa dirección, la fuerza de los hechos, Ley mediante, hizo que su labor se siguiera centrando en esa actividad. Lo que se ha traducido en una importante presencia del cine peruano a nivel nacional e internacional en estos años, con premios y distinciones, aunque en el primer caso fue la producción más comercial, al margen de la Ley, la más vista. Hay que resaltar también el esfuerzo por dotar al cine peruano de un nuevo marco legal, aunque en el largo camino para la aprobación final entre gallos y medianoche, el proyecto integral que se había trabajado en un inicio devino en una pálida continuación de lo mismo, con más presupuesto, pero sin abordar otros temas de fondo.

Aquí encontramos el debe mayor de su gestión, al centrar y casi absolutizar los intereses de los productores por sobre otros aspectos del cine. La labor del Estado no se puede limitar a promover la producción de un grupo, sin preocuparse por ponerla al alcance de toda la población, así como garantizar la preservación de ella, como las anteriores obras, para las futuras generaciones. En ambos aspectos el Ministerio de Cultura declinó de su labor rectora y de cautelar el patrimonio nacional, lo que implicaba medidas como la Cuota de Pantalla y el Mínimo de mantenimiento, así como la puesta en funcionamiento de la tan ansiada Cinemateca Nacional que, pese a tantos reclamos, igual llegaremos al bicentenario sin ella. Otra demanda dejada de lado es la de la Film Commission, al parecer para no contrariar a los productores locales, para quienes también se flexibilizó las obligaciones laborales que la Ley anterior contemplaba en el caso de artistas y técnicos peruanos, ahora en la desprotección para disque favorecer las coproducciones.

Finalmente, otro hecho cuestionable fue la poca comunicación y falta de respuesta de la dirección a muchos cuestionamientos y reclamos a lo largo de los años, refugiándose en argumentos burocráticos y limitándose a hacerlo eventualmente con los gremios, lo que no es cuestionable, pero su deber como servidor público era hacerlo extensivo con toda la ciudadanía. Así se hubiera evitado el enojoso incidente postrero de la creación a puertas cerradas de una Academia de Cine, sin mayor consulta al sector, pero rápidamente legitimada por la DAFO.

No faltaran ahora, como ya se expresó hace algunos meses, los que vean su salida como una tragedia, pero en la administración pública no hay nadie imprescindible. Por supuesto que hay que estar atentos a quien propongan para reemplazarlo, porque el nuevo régimen legal creado en estos años dota de un superpoder a esta dirección, que en manos equivocadas terminaría siendo muy peligroso. Tal vez sea la hora de pensar en nuevos aires, que no solamente piensen en el bienestar de los productores sino de todo el sector, y lo que es más importante aún, de la ciudadanía en general, presente y futura.