En septiembre de este año, y como parte de las facultades extraordinarias que el Congreso delegó al Ejecutivo, se promulga la nueva Ley de Migraciones, Decreto Legislativo N° 1236. Esta norma fue saludada por diferentes sectores e instituciones como un importante y saludable avance con respecto a la legislación anterior, con más de veinte años de vigencia, que se había demostrado arbitraria e inhumana, en especial con los más débiles, como los extranjeros residentes, esposas, esposos, hijos y padres y madres de peruanos, hostilizados y perseguidos de forma absurda y prepotente por los anteriores funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y el propio ex Ministro del Interior, ahora de candidato oficialista.

Pero lamentablemente hasta la fecha la Ley carece de reglamento, por lo que resulta inaplicable, y corre el riesgo de quedar como la anterior, que nunca fue reglamentada, lo que se prestó para que los funcionarios la aplicarán de forma indiscriminada y abusiva, legitimando practicas machistas, discriminatorias y ajenas a la legislación internacional sobre la materia (como fue señalado por la propia Naciones Unidas a principios de este año). De resultas que a pesar de la nueva Ley y las promesas del superintendente y otro altos funcionarios migratorios sobre cambios más allá de las palabras, estos todavía no se materializan para los usuarios, muchos de cuales siguen viviendo un vía crucis para conseguir los documentos que le permitan permanecer de forma legal en el país.

Uno de los sectores más vulnerables que han sido víctimas de estas prácticas fueron las mujeres, en especial las cónyuges, obligadas a mantener relaciones con sus parejas peruanas para poder mantener la residencia en el país, pues un requisito medieval que se mantenía hasta hace muy poco en Migraciones las obligaba a presentar todos los años una carta suscrita por el esposo donde este la avalaba económica y moralmente. Eso, a pesar que la pareja estuviera separada, o peor, ella fuera golpeada, humillada y maltratada, secuestrándoles a sus hijos y con riesgo para su salud física, emocional y mental. No importaba, para los burócratas de migraciones y otras instancias oficiales, papelito manda y el machismo manda.

Ahora se anuncia, enhorabuena, que eso se acaba. ¿Eliminará eso el maltrato a las mujeres extranjeras? No es tan fácil, porque la sempiterna cultura patriarcal y abusiva no se acaba por decreto, ni de la noche a la mañana, y ahí están las escalofriantes estadísticas de maltratos a mujeres, violaciones y feminicidios en el país; una de las más altas de la región. Por cierto que esto no se da solo entre las mujeres extranjeras, ya que muchas peruanas de todos los estratos sociales y niveles educativos son también víctimas cotidianas, con muertes casi a diario por quienes algún día juraron amarlas. Sin embargo en el caso de las extranjeras la indefensión ante la violencia se agrava, al estar en tierras foráneas, no contar con familiares en el país y encima, amenazadas de no contar con documentos y con peligro de ser expulsadas del país y separadas de sus hijos.

Agréguese a lo anterior la inactividad y muchas veces indolencia de instituciones encargadas de velar por sus derechos, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el silencio de las Ong’s feministas y de derechos humanos, la hostilidad y discriminación constante de la policía, fiscalía y poder judicial, y en general, un Estado insensible y corrupto, con pocas excepciones como la Defensoría del Pueblo, y algunos legisladores. Finalmente los medios de comunicación y periodistas, donde hay como en todo, de los buenos y los malos. Varios de ellos se comieron el pleito y denunciaron desde un inicio los abusos contra las extranjeras, sean en televisión, radio y periódicos; además del ámbito virtual. Pero también hubo otros que permanecieron sordos, ciegos y mudos, como El Comercio y su gran concentración mediática, y no faltaron también los que dieron suelta a sus prejuicios más simplones y xenófobos.

Sobre estos últimos un par de perlas recientes. La primera en el diario más vendido del país, “El Trome” que el viernes 11 de diciembre presentó, refundido en sus páginas, una nota policial desde San Juan de Miraflores con el titular “Colombiana resbala, se clava cuchillo y muere”. Como se puede colegir de su encabezado, el periodista ya investigó, juzgó y sentenció los hechos que llevaron a la muerte a María Ercilia Marín Marín (y no Leydi como dice la nota) que llegó con un corte profundo y extendido en el abdomen al hospital, luego que supuestamente cayera accidentalmente sobre el cuchillo con el que estaba pelando naranjas en la madrugada junto a su pareja, el odontólogo Carlos Enrique Gutiérrez Huamán, quien según la misma nota habría sido absuelto. Pero el informe forense desmiente el inverosímil relato de sus heridas mortales, y el hecho que haya sido ingresada a emergencia con otro nombre y sin referencias familiares, lo que ha llevado a que se inicie una investigación por presunto feminicidio aunque el diario diga que aquí no pasó nada (y dicho sea de paso, extraña el silencio de los otros medios amarillistas en este caso ¿o extranjera muerta no da rating?).

El otro caso es el de la señora Mónica Delta en su noticiero 90 minutos central del miércoles 16 de diciembre, cuando luego que el canal emitiera un reportaje sobre la situación y denuncia de las extranjeras residentes, quiso hacer una acotación personal mencionando que seguramente ellas se lo buscaban por estar en el Perú si no lo querían, y casi justificando los maltratos. Por si no lo recuerdan, ella tuvo que exilarse en los Estados Unidos después de su vergonzoso papel en el régimen fujimorista, y tal vez de ahí sienta deseos de apoyar la campaña de Donald Trump contra los migrantes en ese país; pero lo cierto es que sus opiniones y prejuicios son impertinentes y claramente xenófobos en un medio que debería ostentar más tolerancia e imparcialidad, por lo que haría bien en deslindar el jefe de noticias de Latina televisión, Álvarez Rodrich, que se precia de liberal y respetuoso de los derechos humanos, ya que no parece el único en ese canal en manifestarlo. Es el caso habitual del cronista farandulero Rodrigo González, alias “Peluchin”. Y claro, como muchas de esas extranjeras carecen de recursos económicos, y se encuentran apremiadas por otras urgencias personales, no están en condiciones de hacer juicios por difamación, y se abusa de su nombre y reputación impunemente, ya que el tribunal de ética de la prensa peruana está más allá del bien y del mal al respecto.