Por Christian Wiener Fresco

En los últimos meses el sector migraciones en el Perú ha vivido una fuerte conmoción. Todo empezó con las denuncias periodísticas de abusos y arbitrariedades contra extranjeros con familia peruana realizadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Lo que en un primer momento parecían actos aislados se fue revelando de mayor amplitud y alcance, lo que evidenciaba no solo prepotencia y falta de sensibilidad de algunos funcionarios, sino la práctica de una política xenófoba por parte del gobierno en su conjunto. Ahí estaba para confirmarlo las declaraciones y actitudes del entonces Ministro del Interior, celebrando la aplicación de penas draconianas a los migrantes en situación irregular –incluido la expulsión inmediata, sin posibilidades de defensa-, y organizando batidas de jóvenes artistas de calle que contravenían expresamente la prohibición de la deportación masiva establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el estado peruano también es suscriptor.

Lo paradójico es que este mismo gobierno había buscado aparentemente modernizar el sector, creando el 2012 una más poderosa Superintendencia Nacional de Migraciones donde antes existía la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, y nombrando una Comisión de Alto Nivel en la PCM para generar una nueva legislación migratoria que reemplace a la actual, que data de hace 24 años y nunca fue reglamentada. Pero como otras veces ha sucedido, la realidad termino desmintiendo a la teoría y los deseos, y lejos de mejorar las cosas, terminaron empeorando con la administración del ex parlamentario Edgar Raymundo y sus allegados en el nuevo organismo. Su persecución y estropicios, que no sabemos si eran promovidos o consentidos al más alto nivel gubernamental, llegaron poco a poco a los medios y después a otras instancias del Estado, como el Parlamento Andino, la Defensoría del Pueblo y algunos integrantes del legislativo, que no tardaron en exigir explicaciones por esta política.

Es cierto que la visión del extranjero en el sector migraciones peruano nunca fue muy feliz, ya que antes se les veía mayormente como sujeto de extorsión y coima fácil, lo que no ha desaparecido, pero en los últimos tiempos se le agregó la criminalización y estigmatización xenófoba, apelando al fácil expediente de achacarles males como la inseguridad ciudadana y la ola de crímenes, además de la falta de trabajo, a su presencia. Eso, pese a que la misma Superintendencia Nacional de Migraciones reconoce que la población de extranjeros residentes en el país es pequeña, y representa menos del 8% de los peruanos fuera de nuestro territorio.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Primero, el parlamentario andino Alberto Adrianzén denunciando el hecho y exigiendo cese de la persecución a los extranjeros por parte del gobierno. Luego, un contundente informe de la Defensoría del Pueblo con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el tratamiento a las personas extranjeras en el Perú, documentando varios casos de ostensible abuso a los derechos humanos de extranjeros de diversa procedencia llegados al país. Entre tanto, congresistas de diferentes bancadas, enterados de las denuncias por los medios y los propios afectados, demandan explicaciones a las autoridades migratorias, que se limitan a reconocer sus errores pero sin cambiar su accionar.

Finalmente, y no menos importante, es el llamado de atención al gobierno peruano en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, de las Naciones Unidas reunida en abril en Ginebra, Suiza. Las Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares sobre el Informe del gobierno peruano que queria presentar una realidad idilica ajena a la verdad,  son realmente demoledoras, pese al lenguaje diplomático; y desnudan las incongruencias de un país que dice suscribir todos los acuerdos y pactos internacionales en la materia, pero los incumple también. En las recomendaciones se hace hincapié en la situación de indefensión de las mujeres y niños, la falta de protección legal para los migrantes, la criminalización de los migrantes en situación irregular, y la necesidad que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de los extranjeros residentes como cualquier ciudadano, entre otros puntos observados, a los que se le incluye también, la poca voluntad del Estado para solucionar el problema del retorno de nuestros connacionales al país.

Y tanto va el agua al cántaro que se termina por quebrar. Primero fue la salida del Ministro del Interior y su reemplazo por otro funcionario no tan extrovertido, pero con un poco más de sensibilidad en el tema de los derechos humanos. Luego buscan solucionar algunos casos que se habían vuelto mediáticos, y que solo la tozudez de los funcionarios mantenía irresueltos. Como era de esperar, el paso siguiente fue la salida del Superintendente, que aunque no fue el mayor propiciador de los estropicios, cargó con el pasivo de una gestión que no supo modificar. Por último, empezando el mes de Mayo, hay cambios significativos de varios altos funcionarios cuestionados, que venían desde gestiones anteriores, así como un anuncio importante de declarar la Superintendencia Nacional de Migraciones en proceso de modernización, que es una forma eufemística de decir reorganización, cuyos ejes según la Resolución de Superintendencia N° 00000126-2015-Migraciones serán: mejoramiento de la calidad de atención al usuario, simplificación de procedimientos y servicios, modernización de la gestión migratoria con énfasis en la tecnología, lucha anticorrupción y reforma del marco normativo.

Veremos en el futuro si son ciertas las transformaciones anunciadas o solo promesas. Por de pronto hay que recordar que el actual superintendente, Boris Potozen, fue quien presidió la comisión de alto nivel para la nueva ley de migraciones, la que todavía sigue pendiente. Otro aspecto por cumplir es la propia ley de creación de la superintendencia, Decreto Legislativo N° 1130, que establecía como órgano máximo al Consejo Directivo, conformado por representantes de diversos ministerios, el mismo que no se ha constituido hasta hoy. ¿Será la hora del cambio, o como en la máxima de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie?.

Enlaces:

Informe Defensoría del Pueblo: http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/TratamientoDP2015.pdf

Observaciones finales sobre el Informe Perú de la ONU: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PER/CMW_C_PER_CO_1_20317_S.pdf

Resolución de Superintendencia Nacional de Migraciones: https://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS126.pdf