El lunes 13 de abril, los salones del Congreso de la República fueron escenario de esas representaciones disonantes y contradictorias, tan común en la política y otros órdenes de cosas en el país. Esa tarde sesionaban varias comisiones ordinarias simultáneamente en diferentes salas. En una de ellas, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo abordaba los supuestos perjuicios que acarreaba a la economía nacional la aplicación de salvaguardas y aranceles a los productos peruanos por parte del Ecuador. Para tal efecto estaban presentes altos funcionarios del MINCETUR y representantes de los gremios empresariales, como ADEX y la Sociedad de Industrias, que reclamaban airados por la política proteccionista y el trato del gobierno ecuatoriano a nuestros productos que estaría contraviniendo lo estipulado en los acuerdos comerciales de la OMC y la Comunidad Andina. Incluso no falto un congresista que no ha aclarado hasta el momento sus tratos con el narcotráfico, demandado la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores porque consideraba que el tema era más que comercial, político, y por lo tanto demandaba una respuesta a ese nivel contra los arrebatos ideológicos y pretendidamente infráternos del régimen de Correa hacia el Perú. Todo ello, por supuesto, trasmitido en directo por las ondas del canal del Congreso, que no tiene mayor rating pero algo se ve para quien le interesa.

De forma paralela y a la misma hora, en la sala Grau del viejo Palacio Legislativo sesionaba la Comisión de la Mujer, y el tema a abordar era la situación de los extranjeros con familia peruana, a raíz de varias denuncias periodísticas y un contundente informe al respecto elaborado por la Defensoría del Pueblo. El mismo que no deja dudas sobre la grave responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el propio Ministerio de Interior en la implementación de una política atentatoria contra los derechos humanos de las y los extranjeros, incluyendo sus hijos, a quienes arbitrariamente se les retiró sus documentos de identidad, dejándolas irregulares, y en algunos casos fueron expulsados, sin posibilidad de regreso al país, por faltas administrativas o supuestos “errores de interpretación” de los funcionarios encargados. Resultaba tan claro y evidente el abuso perpetrado, incluso desconociendo sentencias judiciales, que tanto los congresistas presentes como la Adjunta de la Defensoría y el propio representante del Ministerio de Relaciones Exteriores presente en la reunión, reconocieron y pidieron disculpas al grupo de extranjeros presentes en la sala, principalmente mujeres con niños, por la aplicación de una política del Estado que viola convenios y tratados internacionales que el Perú ha suscrito, y que puede poner en peligro la situación de los millones de peruanos en el extranjero. Por supuesto, esta sesión  a la que no asistió el nuevo superintendente de migraciones y el gerente de migraciones, sindicado como el verdadero poder en la institución, no tuvo mayor cobertura de prensa, ni mucho menos fue transmitido por el canal de Congreso.

Queda claro sin embargo la esquizofrenia del Estado peruano y sus autoridades, ya que por un lado exigen al gobierno ecuatoriano que respete las leyes y acuerdos internacionales en materia comercial, pero internamente, para efectos migratorios, no les importa ni les preocupa que sus funcionarios no respeten e incumplan las leyes y los acuerdos internacionales en lo referente a los extranjeros. O será tal vez, y esto será más grave de confirmarse, que para nuestras autoridades interesa el dinero y no las personas, y que solo se reclama y demanda por lo económico pero no por los humanos, mucho menos si son mujeres y niños que, como las noticias a diario informan, bien poco valen para el Estado y buena parte de la sociedad (en pleno gobierno de la “inclusión”).