En los últimos meses aparecieron en diversos medios nacionales reportajes y artículos sobre la grave situación de los extranjeros en el Perú, en especial quienes tienen familia peruana, que se vieron amenazadas o quebradas por la arbitrariedad burocrática de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Situación que ha llevado a procesos judiciales y denuncias nacionales e internacionales contra esta institución y en defensa de los derechos humanos, colocando al Perú como un país xenófobo en una región de alta movilidad transfronteriza de ciudadanos.

Frente a estos hechos, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, presentó en los últimos días en el Congreso un proyecto de ley, con el respaldo de miembros de la bancada oficialista de Gana Perú-Partido Nacionalista, que plantea cautelar “el derecho fundamental de unidad e integridad familiar para extranjeros en nuestro país”. La iniciativa legal, que lleva por número de proyecto el 4232/2014-CR, propone ampliar por 180 días el plazo de vigencia de la Ley 30103. Esta norma, promulgada el 7 de noviembre del 2013, estableció un procedimiento para regularizar la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular que hayan ingresado al Perú antes del 31 de diciembre del 2011, y tuvo una vigencia también de 180 días calendario desde la publicación de la Ley en El Peruano.

Con esta propuesta se podrá efectivamente regularizar la situación de muchas extranjeros en nuestro país, con familia peruana o no, que por diversos motivos y circunstancias se encuentran actualmente en situación migratoria irregular, lo que no quiere decir ilegal, por cuanto no han cometido ningún delito sino a la sumo una falta administrativa referente al vencimiento de su visa, el no cumplimiento de algún requisito o pago de la autoridad migratoria o incluso, supuestos “errores” de interpretación en sus procedimientos, que siempre se cargan a los ciudadanos aunque no sea su responsabilidad.

Hay que recordar que la situación migratoria irregular puede acarrear la expulsión de ciudadanos extranjeros, en algunos casos de forma definitiva, como ha sucedido y denunciado en los últimos tiempos, quebrando familias establecidas en el país. Por ello, con buen tino la iniciativa legal propone en una disposición complementaria que los alcances para la regularización pueda extenderse a los extranjeros que pudieran haber sido expulsados del Perú hasta el 31 de diciembre del 2014 por situación migratoria irregular y que esta situación afecte su derecho a la unidad familiar (excluyéndose expresamente a quienes hubiesen sido expulsados por cometer delitos comunes o de otra índole).

Sin embargo, siendo importante y significativa esta norma, resulta insuficiente porque solo aborda la solución a una situación de emergencia de muchas familias pero no el tema de fondo, que se refiere a que la Ley de Extranjería vigente (Decreto Legislativo N° 703) es obsoleta, y no contempla la situación migratoria particular de los familiares extranjeros de ciudadanos peruanos, sean madres, padres, hijas, hijos, esposas o esposos; lo que ha conllevado que en su aplicación se cometan acciones que vulneran el principio de unidad familiar consagrado en la Constitución y Tratados Internacionales.

Por eso sería muy oportuno que, aprovechando el espacio abierto por este proyecto, se incorpore también algún artículo que reconozca a los familiares extranjeros de ciudadanos peruanos como parte de la unidad familiar amparada en la Constitución, y puedan ser considerados en la situación de inmigrantes reconocida por la propia Ley. De esta manera se acabaría con la situación de precariedad legal que viven actualmente, obligados a renovar anualmente su visa, y sujetos a la arbitrariedad de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Asimismo, y recogiendo una exhortación de la Defensoría del Pueblo frente a tanto abuso cometido por este organismo, resulta pertinente ampliar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, mencionado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1130 que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones, contemplándose sumar a los cuatro miembros ya designados, representantes de otros sectores del Estado como Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo y Mujer y Poblaciones Vulnerables; que permitan contemplar la problemática migratoria en toda su alcance y complejidad, dentro del propósito de conseguir un sistema migratorio moderno, eficaz, eficiente, y de calidad, además de humano.

Un dato curioso que debe mencionarse es que en la exposición de motivos del proyecto legislativo se hace mención como caso emblemático al vía crucis que padece mi esposa colombiana Inés Agresott, que ha sido documentado en diversas notas, artículos y entrevistas en prensa escrita, radio, televisión e Internet. También se menciona el Informe de Adjuntía N° 009-2014-DP/ADHPD de la Defensoría del Pueblo, denominado “Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo”, y que da cuenta de las deficiencias en el marco normativo, así como en los procedimientos y actuación de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Es de esperar que ahora todos los grupos políticos en el Congreso respalden esta iniciativa y si es necesario y posible la mejoren, superando miradas xenófobas y discriminatorias que debería erradicarse de toda agrupación, sea cual sea su ideología. Con ello, el Estado peruano habrá dado un paso importante por ajustar su legislación migratoria en un sentido humano, y de acuerdo a los preceptos internacionales en materia de derechos humanos y protección de las familias, pensando también en miles de compatriotas que se encuentran en el extranjero, y que no se animan a retornar justamente para evitarse ellos y sus familiares, todos los padecimientos que otros han padecido por estos vacíos legales y los malos funcionarios encargados de aplicarlos.

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