Señor Ministro, como la gran mayoría del país le deseo lo mejor y los mayores éxitos en su difícil encargo como nuevo titular del sector Interior. Esto redundará en bien de la democracia, los peruanos y su tranquilidad, tan perturbada en los últimos tiempos por la inseguridad ciudadana y el abuso policial.

En esta breve misiva le quiero llamar la atención sobre lo que viene sucediendo en una de las áreas que se encuentra bajo el control de la cartera que acaba de asumir, y es el de Migraciones. Como debe ser de su conocimiento, en este gobierno se constituyó en el 2012 la Superintendencia Nacional de Migraciones como organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior, y con la intención expresa de contar con un sistema migratorio “eficaz, eficiente y de calidad”. El resultado sin embargo ha dejado mucho que desear, porque los vicios burocráticos y los trámites kafkianos que tuvo la ex Dirección General de Migración y Naturalización (DIGEMIND) no han disminuido,  incrementadose año a año. Pero lo más grave es que los funcionarios de ese organismo parecen obsesionados por afectar a los extranjeros con familia peruana, buscando invalidar su residencia, desconociendo su matrimonio, hijos y toda su vida hecha en años en el país. Las sanciones son declarar a las personas en situación irregular, lo que se traduce en decretarle una “muerte civil” sin documentos oficiales y bajo la amenaza – muchas veces ejecutada- de la expulsión del país, no por un breve tiempo, sino de forma indefinida y de por vida. Y encima, cuando ellos interponen Hábeas Corpus y recursos para cautelar sus derechos ante el Poder Judicial, desconocen sus fallos adversos e incumplen los mandatos legales, en abierto desafío a la división de poderes y la legalidad en el país.

Es cierto que el problema no nace en Interior, proviene de una legislación de extranjería obsoleta y que nunca se reglamentó, lo que permite que los funcionarios puedan aplicarla a su criterio y capricho, y que desconoce, entre muchos otros vacíos, el derecho al arraigo que los padres y esposos de nacionales tienen en la mayoría de países del mundo. Por eso, todos coinciden en la necesidad de cambiarla, pero hacen muy poco por concretarlo, empezando por el Grupo Multisectorial de la PCM, que hace años viene elaborando, con financiamiento de la cooperación internacional, un proyecto de nueva ley de extranjería que, todo parece indicar, será más de lo mismo o tal vez peor. Y un Congreso que omite discutir el tema, tal vez porque esta población no le asegura votos, pese a la flagrante violación a sus derechos que es sometida a diario.

No obstante, también hay una grave responsabilidad de quienes han venido dirigiendo la Superintendencia Nacional de Migraciones, en especial durante la gestión del Sr. Edgard Raymundo, y varios de los cuales todavía siguen manejando la institución, como el gerente de Servicios Migratorios, Ronald Ríos Adrianzén y los miembros del equipo de Asesoría Legal. Es difícil creer que haya una verdadera voluntad de cambio y mejora, como ha anunciado su actual Superintendente, el General Edwin Palomino, mientras sigan en sus puestos, persistiendo en sus prácticas y decidiendo sobre el destino de la gente sin ninguna sensibilidad humana.

Quienes somos familiares afectados por esta política, claramente xenófoba, hemos tomado con beneplácito la salida del ministro Daniel Urresti, por cuanto durante su gestión solo hubo un endurecimiento injustificado de este accionar, denunciado en los medios; la expulsión masiva y sin posibilidades de defensa de muchas personas, lo que contraviene los Convenios Internacionales que prohíben todo tipo de deportación masiva e indiscriminada, y la dación de decretos y propuestas de leyes que tienden a generalizar el acoso y persecución a los extranjeros residentes, con particular ensañamiento de quienes tienen familia peruana.

Eso no quiere decir, en modo alguno, que el Estado deba renunciar a una política de seguridad frente a los extranjeros como existe en cualquier país del mundo. Pero sabiendo distinguir de manera clara a los que delinquen, que deben ser capturados y castigados por la justicia con igual severidad que los peruanos, y eventualmente expulsados, al cumplir su condena; de aquellos que pudieran cometer una trasgresión a la ley de extranjería o, más aún, una falta administrativa a sus procedimientos, para no ser castigados con igual o peor severidad que los primeros. Lo que en otras palabras significa acabar con la estigmatización de los foráneos y regular las normas de una forma equilibrada y proporcional al sentido común y los derechos humanos más elementales.

Confiamos Señor Ministro, que siendo usted una persona de bien, sensata y que valora los derechos humanos, sabrá tomar nota de esta situación, que no solo afecta a los extranjeros residentes y sus familias, sino que también puede repercutir en los cerca de tres millones de peruanos que viven fuera del país. Está en sus manos empezar un cambio de política al respecto.

Atentamente,

Christian Wiener Fresco