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Tarjeta roja a los extranjeros

Christian Wiener Fresco

Publicado: 2015-02-12


Desde hace más de dos años el gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, viene discutiendo un proyecto de nueva Ley de Extranjería que reemplazaría al vigente Decreto Legislativo N° 703, que data desde 1991, y que se ha venido aplicando durante 25 años sin reglamento. No se conoce mucho sobre lo que contiene el documento elaborado a puerta cerrada por un Grupo de Trabajo Multisectorial financiado con fondos de la cooperación internacional, fuera de esporádicas filtraciones. Ellas revelarían que, a pesar de las promesas de modernización y eficiencia, será más de lo mismo, manteniendo el concepto policiaco y burocrático que ha imperado en el sector todos estos años, y sin mayor componente de derechos humanos y respeto a los extranjeros, en especial a quienes tienen familia y arraigo en el país.

Justamente, y a raíz de los últimos casos de arbitrariedades y abusos de los funcionarios de migraciones contra extranjeras y extranjeros con familia peruana, que ha contado con cierta repercusión mediática, además del apoyo público de instituciones; estas personas establecieron contacto con legisladores de diferentes bancadas en el Congreso de la República, preocupados por la acción xenófoba de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, en especial durante la gestión de Daniel Urresti. En casi todos los casos, los congresistas coincidieron que no era prudente proponer cambios a la actual normativa migratoria, porque serian poco viables, ya que estando por presentarse una nueva propuesta de ley, no resultaba muy recomendable hacerle más cambios y parches a la actual legislación.

Sin embargo el Ejecutivo no parece compartir esa preocupación o reparo, porque en todo este tiempo de espera de su nueva ley, ha venido promulgando sucesivas normas que cambian el sector, una de las cuales fue la creación de la Superintendencia Nacional de Migraciones el 2012, Decretos Supremos (como el Decreto Supremo N° 001-2015-IN, que instaura una “alerta ciudadana” para perseguir extranjeros), así como propuestas de ley presentadas al Congreso. La más reciente es un proyecto presentado en diciembre del año pasado con el carácter de urgente y la firma de Humala y Ana Jara, que busca modificar el artículo 63 del Decreto Legislativo 703 o Ley de Extranjería. Proyecto que tiene como número de registro el 4053/2014-PE, y que ha sido derivado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El artículo 63 de la mencionada Ley se refiere a las causales para la cancelación de la permanencia o residencia de los extranjeros en el Perú. A las ya establecidas en la Ley, que son: a) realizar actos contra la seguridad y el orden interno, b) no disponer de recursos económicos que permitan solventar su residencia en el país, y c) falsear información para adquirir determinada calidad migratoria; se han agregado ahora otras cuatro: d) incurrir en infracciones administrativas graves en materia ambiental, e) incumplir o contravenir normas en materia de salud pública, f) atentar contra el patrimonio cultural del país, y g) realizar actividades contrarias a la finalidad migratoria concedida. Es bueno precisar, a modo de información, que la cancelación señalada en este artículo conduce a la expulsión del país, sin plazos ni consideraciones.

Pues bien, la primera pregunta que nos asalta sobre esta norma es ¿por qué establecer un régimen legal especial para los extranjeros? Es decir, si un extranjero atenta contra el patrimonio cultural o destruye el medio ambiente, debería ser juzgado y sancionado con toda la severidad de la ley como cualquier peruano, y no hasta cierto punto “premiado” con una expulsión, que más bien significaría una exculpación de sus eventuales perjuicios al país (pregunta relevante: ¿se aplicará esa norma a las inversiones extranjeras que destruyen el medio ambiente y/o atentan contra el patrimonio? Pago por ver). En cuanto al tema de salud pública, se puede entender una acción de prevención en caso, por ejemplo, de una posible epidemia, pero habría que actuar con mucho cuidado en esos asuntos, ya que la histeria mediática, como sucedió el año pasado a propósito de un tripulante de Guinea que se creía infectado del ébola, puede llevar a trágicos equívocos. En cuanto a “realizar actividades contrarias a la finalidad migratoria” es deliberadamente ambiguo ese fraseo, y puede prestarse a la libre y arbitraria interpretación de los funcionarios de Migraciones, -y ya sabemos de sus “interpretaciones auténticas”- sirviendo para castigar, de ser el caso, a los extranjeros familiares de residentes por trabajar, condenándolos a ser dependientes absolutas de sus maridos (o esposas), aun cuando ellos o ellas pudieran fallecer o los hayan abandonado.

Pero hay más, y es tal vez lo más grave, cuando el proyecto indica que: “Vía reglamentaria se podrá establecer otras conductas sancionables con la cancelación, conforme a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General”. En otras palabras, que se le deja al criterio de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y del Ministerio del Interior al que se encuentra adscrito, decidir vía reglamento (de una Ley que no lo tiene) las “otras conductas sancionables”. ¿Y cuáles son aquellas que no osan decirse por su nombre? ¿Será, por ejemplo, hacer escándalo por televisión?, ¿Denunciar los abusos y maltratos de la Superintendencia? Nunca se sabe el límite en el reino de la arbitrariedad.

Los congresistas están avisados. El país necesita cambios en materia de extranjería, pero no como los que en este proyecto se propone, puramente represivo, sino viendo la problemática en su conjunto, en una dimensión humana e inclusiva, como viene promoviendo el presidente Obama en los Estados Unidos (donde residen cerca de un millón de peruanos). Si el Ejecutivo quiere adecuar su legislación en la materia, pues que presente de una vez su proyecto de nueva ley que viene cocinando hace rato y lo ponga al debate público, dejando de modificar un cadáver legal que sus frankenstein migratorios hacen cada vez más monstruoso.


Escrito por

elchw

Comunicador Social, catedrático, renegón de la política y convencido de la necesidad de cambios, empezando por uno mismo


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